Te lo digo sin vueltas: estamos frente a un momento que huele a quiebre institucional. Lo que empezó como una exhibición de poder, hoy se parece más a un pulso abierto entre el Ejecutivo y el sistema judicial. Donald Trump ha pasado por encima de órdenes judiciales y comienza a movilizar la Guardia Nacional dentro de ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, aun cuando jueces federales habían bloqueado esas maniobras. Y el país —y nuestra comunidad cubana, dentro y fuera— está mirando boquiabierto.
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La ruta del atropello: de Portland a Chicago, sin escalas
Primero fueron Los Ángeles y Washington, D.C. —lugares donde la polémica ya desbordaba. Luego se sumó Memphis. Ahora le toca el turno a Chicago y Portland. Así de lineal y agresivo.
Un sábado relevante comenzó la activación: 300 efectivos desplegados; al día siguiente, más tropas desde la Guardia Nacional de California fueron enviadas hacia Oregón. Lo que ocurriera horas antes: una jueza federal había dictado una bloque judicial para detener ese traslado militar. Pero, ¿qué hizo Trump? .Ignoró la orden.
Gavin Newsom, gobernador de California, lo denunció directo:
“After a federal court blocked his attempt to federalize the National Guard in Oregon, Donald Trump is deploying 300 California Guard troops into Oregon… Es un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La administración Trump está atacando el propio Estado de Derecho.”
La jueza Karin Immergut, por su parte, había ordenado bloquear cautelarmente el traslado de 200 soldados a Portland, argumentando que las cifras delictivas no justifican una militarización. Pero cuanto se levantó el candado judicial, los soldados ya marchaban hacia sus posiciones.
En Illinois no se quedaron de brazos cruzados. Chicago y el estado demandaron al Gobierno federal para detener el envío de tropas. Pero el juez declinó emitir una orden de restricción inmediata pues la operación ya estaba en marcha. En paralelo, Trump ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional de Texas llegaran a Illinois. Algunas de esas tropas van hacia Chicago.
Así, con estrategias simultáneas, Trump pretende federalizar la Guardia, imponer la voz autoritaria y desoir la negativa de jueces y gobernadores.
Legalmente en suelo movedizo: qué leyes se pisan
Este despliegue no es simple show. Tiene aristas legales y constitucionales que podrían detonar una crisis mayor:
- El Acta de Insurrección (Insurrection Act, 1807) es el estatuto que permite al presidente movilizar fuerzas militares en casos de disturbios, insurrección o cuando es imposible aplicar la ley civil por medios normales.
- Pero ese uso está condicionado: no puede ser arbitrario. Debe haber causas objetivas —como una revuelta masiva— que justifiquen el paso por encima de la jurisdicción estatal. Muchos expertos apuntan que Trump está forzando esa frontera.
- Además, existe el Posse Comitatus Act, ley importante que limita el uso del ejército en funciones de policía interna. Esa ley está siendo invocada por varios estados que sostienen que el presidente se extralimitó.
- En California, un juez ya dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional por parte del Gobierno violaba esas normas.
- Muchos académicos sostienen que Trump está usando relatos fabricados de crisis para forzar la legalidad.
El resultado: un presidente que juega con fuego, pisotea el sistema de frenos interno y desafía lo que hasta ahora se creía inamovible en la Constitución.
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Punto de vista AKubaa: esto no es sólo “un problema americano”
Desde AKubaa lo vemos así: esto nos toca más de lo que parece. Porque aquí, en Miami, Hialeah, Tampa, incluso entre cubanos en España, México y más allá, hablamos de lo mismo: el poder que se impone por la fuerza, el sistema que se autoriza a sí mismo y la voz del pueblo que se calla ante armas.
Para muchos en la diáspora cubana, este tipo de maniobras evocan memorias del autoritarismo. Es como si Trump intentara importar tácticas de “control fuerte” hacia tierras consagradas bajo la idea de democracia. Y ahí está el drama: cuando el sistema que prometía proteger las libertades comienza a quebrarlas desde dentro.
He hablado con cubanos de a pie:
“Esto parece un golpe lento, descarado”, me dice un amigo que vive en Hialeah.
“¿Y si mañana vienen por nosotros?”, pregunta otra amiga en Madrid, viendo esos titulares.
“Aquí nos movilizamos digitalmente, pero allá están los tanques”, me escribe un primo de Santa Clara.
No son frases grandilocuentes: son voces del pueblo recogidas en notas de WhatsApp, comentarios en redes de AKubaa, en cafés cubanos de Miami. Y reflejan un temor: que esta escalada no sea un episodio aislado, sino un ensayo de algo más peligroso.
El pulso real: ¿guerra civil o resistencia institucional?
Cuando Trump ordena tropas a ciudades demócratas, no estamos en una novela hollywoodense: estamos al borde de un choque institucional con sabor de potencial violencia interna. ¿Es civilización o militarización? ¿Vigilancia para la paz o ocupación para amedrentar?
Podría pasar cualquier cosa:
- Resistencias locales fuertes —como en Portland o Chicago— que empujen enfrentamientos.
- Jueces que enjuicien y declaren las órdenes presidenciales ilegales.
- Estallidos sociales con protestas masivas en todo el país —y con eco en la diáspora cubana.
- Una gradual consolidación de un poder presidencial que merma los roles estatales y judiciales.
Y un dato brutal: Trump ya ha amenazado públicamente con invocar el Insurrection Act para sortear tribunales que lo bloqueen.
La tensión es tan alta que algunos alegan que estamos frente a un momento que puede escalar hacia esa grieta interna que todo país rechazaría: una guerra civil, simbólica o real.
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Ejemplos que raspan: cómo esto ya impacta la vida cotidiana
- En Los Ángeles, el despliegue militar fue denunciado como ilegal. Un juez dictaminó que ese uso de la Guardia violaba el Posse Comitatus Act.
- En Chicago, las tropas texanas ya están moviéndose pese a las protestas del gobernador y del alcalde.
- En Portland, la jueza Immergut ya frenó la intervención militar, diciendo que Trump exageraba la crisis.
- California, además de denunciarlo, presentó la demanda Newsom v. Trump para proteger a sus instituciones.
- En Washington, D.C., Trump incluso trasladó el control de la policía local al nivel federal mediante una orden ejecutiva (Crime Emergency), interviniendo la jurisdicción local.
Cada uno de esos ejemplos es una fisura abierta: no son datos fríos, son espacios donde el social, el político y el jurídico se cruzan con la vida real.
¿Hay salida o estamos en el filo?
Sí, hay salidas —pero no fáciles:
- La justicia federal puede frenar estos abusos: jueces con carácter podrían dictar órdenes vinculantes que anulen la movilización ilegítima.
- Gobernadores y legislaturas estatales pueden resistir, movilizar opinión pública, amparos legales y alianzas políticas.
- La ciudadanía movilizada, dentro y fuera del país, puede presionar con voces, protestas digitales, medios independientes.
- Coaliciones internacionales (organismos de derechos humanos, prensa extranjera) pueden amplificar el foco político y legal.
Pero el riesgo es que el poder ya desbordó los límites que solíamos creer sólidos. Si no se contiene con firmeza, lo que empieza como una jugada política puede transformarse en ruptura del sistema.
Conclusión: el momento decisivo está aquí
Desde AKubaa miramos esta escalada con alarma, con rabia y también con responsabilidad. Porque no es una noticia distante: lo que está en juego es la confianza en las instituciones, el respeto al derecho y la idea misma de que un presidente no puede pasar encima de jueces ni legislar con armas.
Estamos al filo de algo grande: ¿será un choque interno que termine erosión democrática o una resistencia que reavive al país?
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